Pocas preguntas han atravesado la vida política chilena con tanta persistencia como esta: ¿quién tiene el derecho de definir las reglas del juego? Desde los primeros intentos constitucionales tras la independencia de 1818 hasta los fallidos procesos de refundación del siglo XXI, el país ha enfrentado una y otra vez la misma tensión entre el orden institucional heredado y las demandas de quienes quedaron fuera de él. Este artículo recorre esa historia como una secuencia de pactos, crisis y reconfiguraciones del poder estatal, con el diseño institucional como eje y la legitimidad como disputa permanente.
De la independencia al orden portaliano – los primeros ensayos constitucionales y la Carta de 1833
Tres décadas de experimentos fallidos precedieron al primer orden constitucional estable de Chile. Desde 1810, la naciente república intentó definirse a sí misma mediante textos que se sucedían con una velocidad desconcertante: el Reglamento Constitucional de 1812, redactado bajo la tutela de Juan Egaña, reconocía la soberanía popular pero mantenía una lealtad nominal a la Corona española. Era, en cierto modo, una contradicción ambulante.
Ensayos y fracturas: 1818–1828
Tras la independencia formal de 1818, la Constitución de ese año concentró el poder en Bernardo O’Higgins y dejó escaso margen a los cuerpos legislativos. La de 1822 profundizó ese autoritarismo y provocó la caída del propio O’Higgins. El experimento federalista de 1823, impulsado por Juan Egaña, intentó descentralizar el poder con un detalle casi obsesivo –el texto reglamentaba hasta las costumbres morales de los ciudadanos– y fracasó en meses. La Constitución liberal de 1828, influida por el pensamiento de José Joaquín de Mora, apostó por un federalismo moderado y garantías individuales más amplias, pero tampoco sobrevivió a las tensiones entre pipiolos y pelucones, las facciones liberales y conservadoras que disputaban el rumbo del país.
La Constitución de 1833 y el orden portaliano
La guerra civil de Lircay en 1830 selló la derrota liberal y abrió paso al proyecto conservador encabezado por Diego Portales. La Constitución promulgada en 1833 no fue obra directa de Portales –él nunca ocupó la presidencia– sino el resultado de una convención dominada por figuras como Mariano Egaña. El texto instauró un presidencialismo robusto: el ejecutivo podía declarar estado de sitio, tenía amplio control sobre el Congreso y ejercía el patronato sobre la Iglesia Católica.
El catolicismo quedó consagrado como religión de Estado, excluyendo cualquier culto público alternativo. La ciudadanía se restringía a hombres alfabetizados con propiedad, lo que marginaba a la mayoría de la población. No hay forma de leer ese diseño sin ver su propósito: consolidar el poder de las élites terratenientes y comerciales de Santiago y Valparaíso.
Ese texto rigió Chile durante casi noventa años. La estabilidad que produjo fue real, pero descansaba sobre una exclusión sistemática que hipotecó el desarrollo político del país por generaciones.
La crisis del régimen oligárquico y la Constitución de 1925
El orden político que Chile heredó del siglo XIX comenzó a agrietarse mucho antes de que alguien lo declarara en crisis. La Constitución de 1833 había funcionado como armazón de una república oligárquica donde el poder circulaba entre familias terratenientes, la Iglesia católica y una burocracia estatal reducida. Pero el ciclo salitrero transformó la economía, multiplicó las ciudades y creó una masa de trabajadores mineros e industriales que el sistema simplemente no había previsto.
El parlamentarismo de hecho y sus consecuencias
Tras la guerra civil de 1891 –que terminó con el suicidio del presidente José Manuel Balmaceda y la derrota del ejecutivo frente al Congreso– Chile entró en una etapa de parlamentarismo de facto que duró tres décadas. La Constitución seguía siendo presidencialista en el papel, pero en la práctica el Congreso controlaba los gabinetes mediante la rotativa ministerial: entre 1891 y 1925 hubo más de cien gabinetes distintos. El resultado fue una parálisis institucional que impedía responder a demandas urgentes, mientras la llamada «cuestión social» –hacinamiento urbano, trabajo infantil, mortalidad obrera– se acumulaba sin respuesta legislativa efectiva.
Arturo Alessandri y el quiebre de 1925
Arturo Alessandri Palma llegó a la presidencia en 1920 con un discurso que apelaba directamente a las clases medias y sectores populares. Su gobierno enfrentó la obstrucción sistemática del Congreso oligárquico, hasta que en 1925 las Fuerzas Armadas intervinieron para presionar un cambio constitucional. No fue exactamente un golpe, pero tampoco fue un proceso limpiamente civil.
El plebiscito del 30 de agosto de 1925 aprobó la nueva constitución con escasa participación –apenas un 43% del electorado registrado votó– lo que desde el principio cuestionó su legitimidad popular. Aun así, el texto introdujo cambios reales: separó formalmente la Iglesia del Estado, restableció el presidencialismo efectivo con períodos fijos de seis años, y reconoció por primera vez garantías sociales como el derecho al trabajo y la protección de la familia.
Los límites de esa promesa quedaron pronto al descubierto. Sin reformas agrarias ni mecanismos redistributivos, el nuevo marco constitucional no alteró las estructuras de poder económico. Las tensiones entre un ejecutivo fortalecido y una élite parlamentaria que resistía perder influencia continuaron definiendo la política chilena durante las décadas siguientes.
Polarización, dictadura y la Constitución de 1980
Durante los años sesenta, Chile vivió una tensión creciente entre proyectos políticos incompatibles. La reforma agraria impulsada por Eduardo Frei Montalva y profundizada luego por Salvador Allende movilizó a sectores campesinos históricamente marginados, mientras la derecha tradicional y los grupos empresariales respondían con una resistencia cada vez menos dispuesta a ceder terreno institucional. La Guerra Fría convirtió ese conflicto interno en un escenario de presiones externas: Washington financió campañas de desestabilización y apoyó a sectores opositores, convencido de que un Chile socialista representaba una amenaza regional.
El gobierno de Allende, iniciado en 1970, aceleró las contradicciones. La vía chilena al socialismo intentó transformar la economía dentro del marco constitucional vigente, pero la polarización partidaria paralizó el Congreso y la inflación superó el 500% anual en 1973. Ese clima de crisis institucional facilitó lo que vino después.
El 11 de septiembre de 1973, un golpe militar encabezado por el general Augusto Pinochet derrocó a Allende. Lo que siguió no fue una intervención transitoria sino la construcción deliberada de un nuevo orden. La junta suspendió la Constitución de 1925, disolvió el Congreso y persiguió sistemáticamente a opositores políticos.
Una constitución diseñada para perdurar
La Constitución de 1980 no emergió de ningún proceso deliberativo genuino. Fue redactada por una comisión designada por la propia junta –el llamado Consejo de Estado tuvo influencia mínima– y ratificada en un plebiscito celebrado sin registros electorales, sin pluralismo informativo y sin garantías básicas de transparencia. El «sí» obtuvo el 67%, una cifra imposible de verificar con independencia.
El texto incorporó enclaves autoritarios de largo alcance: senadores designados, quórums supramayoritarios para reformar normas estructurales, y un rol tutelar explícito para las Fuerzas Armadas como garantes del orden institucional. Académicos como Renato Cristi han argumentado que la carta no buscaba solo gobernar el presente sino blindar el modelo neoliberal frente a mayorías futuras que pudieran cuestionarlo. Esa hipoteca sobre la soberanía popular marcaría el debate constitucional chileno por décadas.
Transición, reformas y el nuevo ciclo constituyente del siglo XXI
El plebiscito del 5 de octubre de 1988 marcó el fin formal del régimen de Pinochet, pero no el de su constitución. El «No» venció con el 55,99% de los votos y activó el mecanismo de transición previsto en la propia carta de 1980 –una ironía histórica que muchos opositores nunca dejaron de señalar.
Reformas sin refundación: 1989 y 2005
Patricio Aylwin asumió en 1990 con una constitución que no había elegido. La reforma de 1989, negociada entre la oposición y el régimen saliente antes de que Aylwin llegara al poder, modificó 54 artículos, eliminó la disposición que permitía a Pinochet vetar futuras reformas y amplió levemente los derechos civiles. Fue un acuerdo mínimo, no una ruptura.
Las reformas de 2005, impulsadas bajo el gobierno de Ricardo Lagos, fueron más sustantivas. Eliminaron los senadores designados, redujeron el papel tutelar de las Fuerzas Armadas y suprimieron el Consejo de Seguridad Nacional como órgano con poder real. Lagos firmó la constitución reformada y declaró que Chile tenía «una constitución democrática». Pocos le creyeron del todo. El sistema electoral binominal, los quórums supramayoritarios y la ausencia de derechos sociales garantizados seguían intactos.
El estallido de 2019 y el ciclo constituyente
Lo que comenzó en octubre de 2019 como una protesta por el alza del pasaje del metro en Santiago se convirtió en semanas en la mayor movilización social desde el retorno a la democracia. La demanda no era solo económica: era institucional. «No son 30 pesos, son 30 años», decían los carteles.
El acuerdo político del 15 de noviembre de 2019 abrió la vía constituyente. En el plebiscito de octubre de 2020, el 78,27% votó por redactar una nueva constitución mediante una convención elegida íntegramente por la ciudadanía –sin cupos reservados para parlamentarios en ejercicio. Era un hecho inédito en la historia del país.
La Convención Constitucional trabajó durante un año y entregó un texto extenso, con derechos sociales amplios y reconocimiento de Chile como Estado plurinacional. El 4 de septiembre de 2022, el 61,86% lo rechazó. Un segundo proceso, conducido por un Consejo Constitucional de perfil más conservador, culminó en diciembre de 2023 con otro rechazo, esta vez del 55,76%. La pregunta sobre la legitimidad de la constitución vigente quedó abierta, sin respuesta institucional clara.
Chile debate aún el sentido de su pacto constitucional
Cada texto constitucional que Chile ha producido desde 1833 nació de una crisis, no de un consenso tranquilo. Esa es quizás la constante más reveladora de toda esta historia: las constituciones no llegaron como resultado de deliberaciones serenas, sino como respuesta a rupturas, presiones sociales acumuladas o reordenamientos forzados del poder político.
La Constitución de 1833 consolidó el orden portaliano tras años de inestabilidad posindependencia, pero lo hizo restringiendo la participación política a una élite propietaria y letrada. La de 1925 intentó modernizar el Estado frente al colapso del régimen parlamentario y las demandas de los sectores medios y obreros, aunque tampoco resolvió las tensiones de fondo sobre representación y derechos sociales. La de 1980, impuesta bajo la dictadura de Augusto Pinochet, rediseñó las instituciones para blindar un modelo económico neoliberal y limitar la soberanía popular incluso después del retorno a la democracia. Los intentos de reemplazo constitucional entre 2019 y 2023 –impulsados por el estallido social de octubre de ese primer año– mostraron que la legitimidad del texto vigente seguía siendo disputada, aunque los dos borradores alternativos fueron rechazados en plebiscitos.
Hay algo que no cambia a lo largo de este recorrido: cada constitución combinó promesas de estabilidad y orden con exclusiones propias de su momento histórico. Esa tensión entre lo que se prometía y lo que se negaba es lo que ha alimentado, una y otra vez, nuevas demandas de reforma.
Preguntarse hoy si Chile necesita una nueva constitución no es un debate técnico sobre redacción jurídica. Condensa algo más profundo: quién tiene autoridad para definir los derechos, cómo se distribuye el poder entre el Estado y los ciudadanos, y qué tipo de democracia quiere ser el país. Mientras esas preguntas no tengan respuestas que la mayoría considere legítimas, la cuestión constitucional seguirá siendo el centro de gravedad de la política chilena.